España es incapaz de mantener una trayectoria constante de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. El pasado año —según las estimaciones presentadas este miércoles por CC OO— las emisiones totales aumentaron un 4,46%, hasta los 339,2 millones de toneladas de CO2 equivalente. Hay que retroceder hasta 2002 para encontrar un incremento tan brusco, que se debe fundamentalmente al uso del carbón y el gas para generar electricidad. España corre el riesgo de convertirse en un lastre para el resto de la Unión Europea si no adopta medidas.
Una de las víctimas de esta inestable legislatura puede ser (de nuevo) la ley de cambio climático, que Mariano Rajoy prometió en 2015, cuando se cerró el Acuerdo de París, y que aún no se ha aprobado ni ha comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados. Y esa norma, como ha reconocido el propio Gobierno, se necesita para que España entre en una senda estable de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero a diferencia de lo que ocurre ahora. Sin medidas adicionales, como las que debería contemplar esa futura ley, las emisiones en las próximas décadas no se reducirán e, incluso, aumentarán.
España alcanzó su pico histórico de emisiones en 2007, con 443,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la unidad de medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). La crisis económica hizo que se desplomaran a partir de 2008. Pero esa caída se detuvo en 2013. Desde entonces, las emisiones de España han entrado en una fase de dientes de sierra en la que el aumento o descenso de los gases de efecto invernadero en cada ejercicio ha estado sujeto al clima.
Y el pasado año el clima fue negativo, ya que la profunda sequía en la que estaba España —con las reservas en los embalses en unos niveles tan bajos nunca vistos este siglo— hizo que se generase muy poca electricidad a través de las centrales hidroeléctricas. Y el hueco fue cubierto con carbón y gas, principales fuentes de CO2 del sector eléctrico en España. El carbón para generar electricidad creció un 21% en 2017 respecto al 2016 y el gas un 31,8%, como se apunta en el informe presentado este miércoles por CC OO. Mientras, este incremento no fue compensado por una bajada en el empleo de carburantes. Al revés: “el consumo de petróleo creció un 0,5%”, sostiene el estudio.
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