La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, kokott, considera que es conforme con la Directiva imponer obligaciones de eficiencia energética sólo a determinados eslabones de una cadena de suministro, siempre que la selección de las empresas obligadas responda a criterios objetivos y no discriminatorios, extremo que deberá ser examinado por el Tribunal Supremo.
En sentencia de 12 de abril de 2018, las conclusiones avalan la legislación española que obliga a las energéticas a aportar más de 200 millones de euros al año para subvencionar actuaciones de eficiencia energética sin plantear alternativa. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) se creó con la Ley 18/2014 para recibir contribuciones financieras de las empresas de energÃa -equivalentes al 1,5 por ciento de sus ventas con las que la Administración central subvenciona proyectos de eficiencia energética.
El Tribunal Supremo, elevó la cuestión al preguntarse si es compatible con la Directiva designar a las partes obligadas, sin exponer los motivos por los que no se incluye a otras empresas de la correspondiente cadena de suministro.
La Abogada General considera que la designación de determinadas empresas como partes obligadas «requiere la exposición de los criterios en virtud de los cuales se incluye a dichas empresas, pero no a otras».
