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Categoría: Acuerdo de París

  • Acuerdo entre la Administración y los propietarios para la rehabilitación energética de las viviendas para evitar las perdidas de energía

    Las viviendas pierden dinero y nadie hace nada para evitarlo. Ni sus dueños ni la Administración, tan ocupada ahora en la problemática del alquiler, pero tan despreocupada en atender un mercado de casas tan vasto como ineficiente desde el punto de vista energético. En torno a 12.000 millones de euros se escapan cada año por las ventanas, puertas, cimientos y cubiertas de casi 26 millones de viviendas ineficientes, que son todas las construidas en España antes de 2007, calcula Carlos Castro, responsable técnico de Eficiencia Energética de Danosa, multinacional de soluciones integrales para la construcción sostenible. «Podrían ahorrar ese dinero cada año mediante una adecuada rehabilitación energética con aislamiento térmico de los edificios», añade.

    Esto es así porque más de la mitad del parque de viviendas es anterior a 1980 y fue levantado sin normativa de eficiencia energética. Estas casas no tienen, por ejemplo, aislamiento térmico. Hay que añadir todas las casas edificadas entre 1980 y 2007, antes de la aprobación del Código Técnico de la Edificación, porque tienen algo de aislamiento pero muy pobre. Así, dice Castro, «el 99% del parque derrocha energía». Además, lo hecho hasta ahora es insustancial: «las fachadas que se rehabilitaron entre 2011 y 2015 suman 57.000. Son 400.000 casas, de las que ni el 15% (unas 60.000) fueron con criterios de eficiencia energética», dice Albert Grau, gerente de la Fundación La Casa que Ahorra.

    Cierto es que algunas obras son costosas y que sin ayudas públicas los propietarios y comunidades de vecinos no pueden asumirlas. Pero otras son aptas para cualquier economía y por poco que se haga, se nota. Por ejemplo, sellar puertas y ventanas cuesta menos de 20 euros y evita que se pierda hasta un 30% del calor. Aunque sin cambiar las viejas ventanas por otras con doble acristalamiento, puede que no se alcance esa cifra.

    Otra medida es dejar entrar la luz natural en la vivienda para rebajar el coste de calefacción. La solución es colocar grandes ventanales (con doble acristalamiento). Aunque los españoles no entiendan de julios (unidad de energía) sí saben qué implica una buena orientación. «El 41,20% de los españoles lo que más valoran a la hora de elegir vivienda es la orientación», según una encuesta de Habitissimo.

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  • Comité Económico y Social Europeo aboga destinar 40% presupuesto UE a la lucha contra el cambio climático

    Poco después de que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU del 8 de octubre instara a los países a cambiar hacia un nuevo paradigma, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) aboga por un “pacto financiero-climático” para garantizar la financiación de las transiciones necesarias. Con el presupuesto de la UE para el período 2021/2027 a punto de ser aprobado, el adoptado, el CESE presenta la propuesta más ambiciosa entre las instituciones de la UE: el 40% del presupuesto de la UE debe dedicarse a la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, ya sea ambientales, económicas o sociales.

    “No habrá empleos ni espíritu empresarial en un planeta muerto”. Depende de nosotros evitar este escenario de pesadilla y debemos actuar ahora, dice el CESE en su dictamen de iniciativa sobre el Pacto de Finanzas y Clima Europeo adoptado el 17 de octubre.

    “Si bien creemos que el cambio climático es una de las mayores amenazas para los seres humanos y para nuestro planeta, también vemos las oportunidades que surgen de la necesidad de cambiar la economía de Europa a una sostenible”, dice Rudy de Leeuw, ponente de la propuesta.

    Según la Agencia Francesa para el Medio Ambiente y la Gestión de la Energía (ADEME), la lucha contra el cambio climático podría llevar a un aumento neto de de cinco a seis millones de puestos de trabajo para 2050, y la Comisión Europea prevé tres millones de empleos adicionales en el sector de las energías renovables para 2020.

    “Detengámonos en el pensamiento nacional retrospectivo y enfrentemos los desafíos del futuro, aprovechando las oportunidades para promover un modelo sostenible que ayude a combatir eficazmente la desigualdad y fortalecer la democracia. Esto no lo puede lograr ningún Estado miembro por sí solo: necesita que Europa actúe colectivamente”.

    Invertir en la economía real. La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo estiman que se deben asignar 1,11 billones de euros cada año en Europa para luchar contra el cambio climático y sus efectos. “Con el pacto financiero-clima queremos redirigir las vastas cantidades de dinero, que actualmente fluyen en burbujas financieras, hacia la economía real. Esto incluye una mayor inversión en innovación e investigación y desarrollo, con un enfoque especial en la transición energética, las economías circular y colaborativa, y la automatización para evitar la disminución de empleos de calidad “, subraya Leeuw. “Estamos convencidos de que, a largo plazo, solo aquellos que ecologicen su economía se mantendrán en la cima del mercado mundial. Nosotros los europeos podemos convertirnos en los líderes de este desarrollo”.

    Europa necesita un plan y los necesarios instrumentos financieros. El pacto financiero y climático requiere el establecimiento de un marco político europeo claro y predecible a largo plazo, con el fin de garantizar la seguridad de la planificación de las inversiones. El próximo marco financiero plurianual (2021-2027) debe promover el desarrollo económico sostenible y empleos de alta calidad contribuyendo a la transición a una economía baja en carbono para 2050. El presupuesto de la UE dedicado a la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias debería aumentar desde el 25% actual que propone la Comisión o el 30% que sugiere el Parlamento Europeo para alcanzar el 40%.

    El BEI se convertirá en un importante inversor verde. El trabajo del BEI debería acelerarse, no solo en términos de volumen, sino también de su capacidad para asumir más riesgos. La extensión del Plan Juncker a proyectos en el marco del pacto financiero y climático, por ejemplo, permitiría al BEI utilizar la garantía del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.

    También se debe considerar que el BEI se convierta en el banco para el desarrollo sostenible, principalmente para financiar la transición energética, la movilidad ecológica y la innovación, y alejarse de la financiación de proyectos tradicionales. Los proyectos ecológicos deben asignarse de acuerdo con una nueva clasificación europea.

    La economía circular, así como las inversiones en la eficiencia energética de los edificios deben fomentarse.

    La transición debe ser económica, social y ambientalmente sostenible. Con el fin de promover proyectos sostenibles e identificar áreas en las que las inversiones pueden tener el impacto ambiental y económico más positivo, el CESE apoya el desarrollo de un sistema de clasificación unificado de la UE (taxonomía). Deben otorgarse etiquetas verdes a las inversiones que cumplan con la taxonomía de la UE y los más altos estándares de sostenibilidad, con el fin de garantizar la asignación positiva de las inversiones.

    La UE no solo debe fomentar la cooperación entre los Estados miembros, sino también alinear sus propias políticas con el objetivo de apoyar la prosperidad compartida de los empresarios, trabajadores y personas europeos.

    En cada acuerdo comercial, las cláusulas sociales y ambientales deben completarse con un compromiso vinculante al Acuerdo de París.

    “Nadie debe quedarse atrás”. Este es el credo del CESE, alineado con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Es crucial que las pymes, las cooperativas y las pequeñas organizaciones en todos los niveles locales tengan acceso a las finanzas y la I + D. Para garantizar una transición social justa, parte de la financiación debe asignarse a un fondo de ajuste para las regiones y los trabajadores afectados por los sectores en transición. El CESE propone destinar una parte sustancial del Fondo Europeo de Cohesión a los objetivos climáticos y sus beneficios socioeconómicos positivos.

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  • España se pondrá el objetivo de reducir un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990

    El Gobierno fijará en el Plan Nacional de Energía y Clima que va a llevar próximamente a Bruselas un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en España del 20% con respecto a 1990, lo que supone reducir en un tercio las que tiene actualmente.

    Así lo ha explicado el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, que ha intervenido en la inauguración de la jornada “Movilidad sostenible”, del Club Español de la Energía.

    Abascal ha afirmado que hay que tomar medidas “rápidamente”, pues las emisiones de gases de efecto invernadero que hay ahora son un 17% superiores a las de 1990, con lo que “hemos ido para atrás”.

    Ha destacado que la movilidad eléctrica en vehículos urbanos va a jugar un papel fundamental, acompañado de la generación eléctrica renovable, en la reducción de emisiones.

    “No podemos quedarnos como estábamos porque eso nos conducirá al fracaso”, ha añadido el secretario de Estado de Energía, que ha dicho que “lo único que podemos hacer es cambiar mentes y estrategias y actuar de una manera diferente”.

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  • España es incapaz de atajar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero

    España es incapaz de mantener una trayectoria constante de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. El pasado año —según las estimaciones presentadas este miércoles por CC OO— las emisiones totales aumentaron un 4,46%, hasta los 339,2 millones de toneladas de CO2 equivalente. Hay que retroceder hasta 2002 para encontrar un incremento tan brusco, que se debe fundamentalmente al uso del carbón y el gas para generar electricidad. España corre el riesgo de convertirse en un lastre para el resto de la Unión Europea si no adopta medidas.

    Una de las víctimas de esta inestable legislatura puede ser (de nuevo) la ley de cambio climático, que Mariano Rajoy prometió en 2015, cuando se cerró el Acuerdo de París, y que aún no se ha aprobado ni ha comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados. Y esa norma, como ha reconocido el propio Gobierno, se necesita para que España entre en una senda estable de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero a diferencia de lo que ocurre ahora. Sin medidas adicionales, como las que debería contemplar esa futura ley, las emisiones en las próximas décadas no se reducirán e, incluso, aumentarán.

    España alcanzó su pico histórico de emisiones en 2007, con 443,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la unidad de medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). La crisis económica hizo que se desplomaran a partir de 2008. Pero esa caída se detuvo en 2013. Desde entonces, las emisiones de España han entrado en una fase de dientes de sierra en la que el aumento o descenso de los gases de efecto invernadero en cada ejercicio ha estado sujeto al clima.

    Y el pasado año el clima fue negativo, ya que la profunda sequía en la que estaba España —con las reservas en los embalses en unos niveles tan bajos nunca vistos este siglo— hizo que se generase muy poca electricidad a través de las centrales hidroeléctricas. Y el hueco fue cubierto con carbón y gas, principales fuentes de CO2 del sector eléctrico en España. El carbón para generar electricidad creció un 21% en 2017 respecto al 2016 y el gas un 31,8%, como se apunta en el informe presentado este miércoles por CC OO. Mientras, este incremento no fue compensado por una bajada en el empleo de carburantes. Al revés: “el consumo de petróleo creció un 0,5%”, sostiene el estudio.

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  • California asume la voz de EE UU en la lucha contra el cambio climático

    El Estado más rico y más poblado de EEUU no dará marcha atrás con los objetivos del cambio climático.

    Tras el golpe de Trump al Acuerdo de París, el Estado se reafirma en los objetivos de emisiones más ambiciosos de EE UU y firma sus propios acuerdos sobre medioambiente con China.

    El compromiso con la reducción de gases contaminantes y el uso de energías limpias es política de Estado en California. Los dos últimos gobernadores, el republicano Arnold Schwarzenegger y el demócrata Jerry Brown han hecho ambos de este asunto la pieza central de su legado político. El presidente Barack Obama había puesto a Washington en el liderazgo global en la lucha contra el cambio climático. Con la abdicación de Trump, el testigo recae en California, la primera economía del país, que ya ha dejado claro que el que se ha bajado del escenario global es Trump, no Estados Unidos.

    Desde Schwarzenegger, el Estado más rico y más poblado de Estados Unidos tiene también la regulación más agresiva contra el cambio climático. Brown ha acelerado aún más los objetivos y antes del Acuerdo de París puso en marcha la llamada Under2 Coalition. Se trata de un acuerdo a nivel subnacional, en el que administraciones de todo el mundo se comprometen a políticas igual de ambiciosas que la de California (llegar a 2050 con un 80% menos de emisiones que en 1990). Ya lo han firmado 170 jurisdicciones de todo el mundo (entre ellas 4 comunidades autónomas españolas y 11 estados mexicanos). Según el Gobierno estatal, los signatarios representan a 1.180 millones de personas y el 37% de la economía mundial.

    El jueves pasado, con el anuncio de Trump todavía fresco, el Gobierno californiano anunciaba un acuerdo con Nueva York y el Estado de Washington para cumplir el Acuerdo de París. Este fin de semana, durante su visita oficial a China, el gobernador Brown anunciaba que se han sumado a su coalición las provincias de Chengdu, Nanjing y Pekín, que se suman a Sichuan y Jiangsu. Toda la agenda de Brown en China tiene que ver con el fortalecimiento del comercio y lograr el máximo compromiso en los objetivos del clima.

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  • La UE mantiene su intención de ratificar el acuerdo de París «pronto», pero no se marca fecha

    Según la propuesta del Ejecutivo comunitario, corresponde ahora al Parlamento Europeo dar su consentimiento a la ratificación del acuerdo, después de lo cual el Consejo de la UE podrá adoptar su decisión al respecto.

    «Los Estados miembros han acordado ratificar el acuerdo de París tan pronto como sea posible y queremos subrayar una vez más la importancia de que los Estados miembros den los pasos necesarios para finalizar sus procedimientos de ratificación», aseguró la ministra holandesa de Medio Ambiente, Sharon Dijksma.

    Al término de la reunión con sus colegas europeos de esa cartera, Dijksma, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, aseguró que la Unión ha mandado una «señal» tanto dentro de la propia UE como a sus socios internacionales sobre el compromiso de los veintiocho con la lucha contra el cambio climático.

    No obstante, reconoció que no hay una fecha definida para la ratificación europea, dado que antes es necesario que cada uno de los Estados miembros ratifique por su parte el acuerdo, lo que lleva tiempo.

    España defiende la ratificación cuanto antes.

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